Problemas universitarios

Matko Koljatic

Celebraron, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, enarbolando una bandera chilena, pulgares en alto y con sonrisas de oreja a oreja. En la foto aparecen la ministra Delpiano y un puñado de diputados de la Nueva Mayoría. Celebraban la aprobación de la ley que reforma la educación superior. Paula Narváez, ministra Secretaria General de Gobierno, se sumo al jolgorio diciendo que el gobierno de la presidenta Bachelet “pasará a la historia por muchos temas pero principalmente por este logro en educación superior”.

Es probable que la ministra Narváez tenga razón, y que en un par de años estemos recordando esta parte del “legado”, pero por razones opuestas a las que ella piensa: lo haremos por los problemas que puede originar la nueva ley.

Recordemos que esta ley contempla tres ejes principales: la gratuidad, la Superintendencia de Educación Superior y la obligatoriedad de la acreditación.

La Superintendencia hace sentido. El Ministerio de Educación carecía de atribuciones para regular y controlar efectivamente a las Instituciones de Educación Superior (IES). Es de esperar que la Superintendencia funcione bien y evite que se repitan casos como el de la Universidad del Mar. Pero, la gratuidad y la acreditación obligatoria son harina de otro costal.

Los efectos negativos de la gratuidad son conocidos. Aplicada por tres años, a través de una glosa presupuestaria, en que se ha fijado aranceles inferiores a los vigentes y en que se prohíbe a las universidades cobrar copagos, está causando una merma de ingresos importante en todas las universidades que adhirieron a ella. La lógica de la fijación de precios del gobierno -que explicó el ministro Eyzaguirre cuando dijo que en ausencia de fondos para investigar, las universidades han sobrecargado los aranceles– es, por decir lo menos, desconcertante, dado que es el mismo Estado el que no provee los fondos para financiar la investigación.

Se olvida el ministro que los profesores universitarios hacen una labor difícilmente divisible, y que si no se cubren los costos de la investigación, en lo principal no se están cubriendo remuneraciones de académicos que también hacen docencia. ¿Quién se podría sorprender que los problemas financieros de las universidades se agraven si sigue la política de subsidiar con aranceles jibarizados? Hay una comisión de expertos en la ley que fijará los aranceles, tarea por lo demás imposible. Ya veremos qué pasa.

Pero, el principal dolor de cabeza serán las universidades que se verán obligadas a entrar en procesos de acreditación, y que no la obtengan. Son decenas las instituciones no acreditadas, considerando universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Algunas de ellas se han presentado a la acreditación y han fracasado en lograrla o la perdieron. Otras no han postulado en el pasado y tendrán que hacerlo por primera vez.

Lo importante es que aquellas instituciones que resulten no acreditadas pasarán, de acuerdo a la nueva ley, a una supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED), una suerte de autonomía condicional, en que por tres años no podrán abrir nueva oferta de carreras, ni vacantes ni matricular nuevos estudiantes, salvo si son autorizados por el CNED, en una crónica de una muerte anunciada.

El país tiene experiencia con universidades fallidas. Ya sabemos que este tipo de situaciones tiene un enorme costo personal para los estudiantes y un alto costo económico para el Fisco. Diez y siete mil ex alumnos de la Universidad del Mar y más de US$ 50 millones de gasto para el Estado –más bien para los contribuyentes– así lo atestiguan.

¿Cómo debiera ser la ley para evitar este tipo de situaciones? Pienso que la acreditación debiera ser obligatoria. Sin embargo, fallar en la obtención de la acreditación debiera ser una señal de baja calidad educativa. Si alguien quiere estudiar allí, debiera ser una decisión personal. Lo contrario es forzar el cierre de las IES, con costos enormes para todos. Por cierto, el Estado no debe subsidiarlos a ellos ni a las IES no acreditadas.